La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó este miércoles que ha sido designado un procurador adjunto para investigar las amenazas a la magistrada Yeni Berenice Reynoso.
Ortiz dijo, además, que empleados de militares activos han amenazado de manera directa al personal del Ministerio Público responsable de custodiar los más de 150 bienes incautados a los implicados en el Caso Coral, caso que también se le ha apoderado a dicho procurador.
“Estamos en la fase de investigación porque hemos podido comprobar hasta este momento que sí se le estaba dando seguimiento (a Reynoso). Entonces, ya hay un procurador adjunto encargado de llevar este proceso de investigación y se están llevando a cabo una serie de indagatorias, como entrevistas, desplazamientos a lugares, investigación electrónica y demás, para determinar si efectivamente se trató de un seguimiento, quién ordenó este seguimiento y cuál era el objeto final”, explicó Ortiz, entrevistada en el programa El Despertador, de Color Visión.
Dijo que una vez se determinen responsabilidades, se abriría un nuevo proceso, por delitos distintos a los de corrupción administrativa. Los sometimientos podrían incluir tanto a los militares que fueron descubiertos ubicando la residencia y lugares frecuentes de Reynoso, directora de general de Persecución del Ministerio Público, así como a cualquier otra persona que pretenda entorpecer las investigaciones.
Además de Cáceres, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), guardan prisión preventiva por el Caso Coral la pastora Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la pastora; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Mirna Ortiz señaló que a pesar de los intentos por amedrentar el trabajo de los fiscales y personal que investiga los casos de corrupción, el Ministerio Público no se detendrá en su misión de perseguir a aquellos que hayan incurrido en una violación a la ley.
Estos hechos, sin embargo, han llevado al Ministerio Público a tomar las medidas de seguridad para evitar cualquier situación que pudiera afectar a los fiscales y a sus familias, como al desarrollo de las investigaciones.
“Lo que la población puede estar segura es que este Ministerio Público no tiene miedo, no se amedrenta y está listo para llegar hasta la última persona y las últimas consecuencias”, expresó Ortiz.
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