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La SIP pide al jefe policial de Trinidad y Tobago parar las amenazas a periodistas

BAS01. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 20/10/2018.- El segundo vicepresidente de, The Gleaner, Kingston, Jamaica, Christopher Barnes, habla hoy, sábado 20 de octubre de 2018, durante la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Salta (Argentina). EFE/Jan Touzeau


La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este martes a Gary Griffith, comisionado de Policía de Trinidad y Tobago, parar las amenazas y coerción a periodistas que escribieron un artículo que denunció sus presuntos intentos de intimidar a un prisionero.
El editor del Trinidad Express y uno de los periodistas que escribió la historia han denunciado acoso e intimidación verbal y en las redes sociales por parte de Griffith, señaló la organización sin dar sus nombres.
La SIP, con sede en Miami, detalló que el comisionado le preguntó a través de las redes sociales a una periodista cómo se sentiría su familia si ella desapareciera.

Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Robert Rock, presidente de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, condenaron la actitud del jefe policial trinitario y subrayaron que los periodistas afectados manifiestan temor por su seguridad.
El comportamiento de este funcionario público es un ataque directo contra la libertad de expresión y es inaceptable, afirmaron los directivos de la SIP.
Agregaron que los funcionarios públicos deben tener más tolerancia a las críticas, como lo establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta determina que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y que las presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
La SIP instó a Griffith que desista de su coerción para no afectar la libertad de prensa.
Según el periódico, ambos periodistas han sido blanco de las amenazas públicas tras la publicación del mencionado artículo el pasado 24 de noviembre.

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