El Gobierno y la oposición buscan contrarreloj un acuerdo sobre la fórmula para redactar una nueva Constitución que calme el estallido social que vive el país desde casi hace un mes, pero las posturas se encuentran aún distantes y las protestas no dan tregua.
Diputados oficialistas y opositores llevan reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
Diputados oficialistas y opositores llevan reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
El Gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechaza la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pide la oposición y la ma En un primer momento, el Gobierno propuso lo que llamó un “Congreso Constituyente”, es decir, que sean los actuales parlamentarios los que redacten el nuevo texto y que este sea luego ratificado en referéndum. Pero dado el alto nivel de descrédito que tienen los diputados, la coalición gubernamental Chile Vamos llevó una nueva propuesta a la mesa de negociación- una “Convención Constituyente”, integrada en a partes iguales por los actuales diputados.
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