RD. Hasta ahora, en los más recientes casos que sigue la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el denominador común, de acuerdo al seguimiento que se le ha dado a los procesos, ha sido el “crucial” testimonio ante el tribunal de al menos uno de los imputados, respectivamente.
Dichas declaraciones frente a los jueces que han juzgado hasta ahora los diferentes casos han sido determinantes para la decisión sobre la petición de las medidas cautelares por parte del Ministerio Público. Tanto, que la mayoría de los señalados por el órgano persecutor han sido favorecidos con la libertad.
Operación Medusa, Coral, Pulpo y Operación 13 son los cuatro casos más sonoros que han tenido hasta el momento declaraciones por parte de los imputados que no han escapado de los titulares.
Alejandro Girón Jiménez que, tras ser uno de los principales imputados en el caso Coral, se convirtió en un “aliado” del órgano persecutor luego de su declaración material con la que, de acuerdo a la opinión de algunos ciudadanos, “habló hasta por los codos” poniendo en evidencia cómo operaba la supuesta red donde se señala al mayor general Adán Cáceres Silvestre como el cabecilla de la alegada red contra el Estado.
Dichas declaraciones, en las que además se refirió a oficiales y subalternos, le mereció que el órgano acusador le variara la medida coercitiva de prisión preventiva a arresto domiciliario.
Luego, el tribunal aceptó la petición del Ministerio Público (MP), enviando a Girón a un lugar confidencial del que solo las autoridades tienen conocimiento, además de clasificar su información como sensible.
El más reciente de los casos, al cual el MP denominó Operación Medusa, luego de ser implicado en una supuesta trama contra el Estado que, de acuerdo a las autoridades, asciende a unos 6 mil millones de pesos, Miguel José Moya figura en el expediente como uno de los asesores de la Procuraduría General de la República durante la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Moya fue el único que figuró con garantía económica en la lista de los causados. Aunque no se pudo comprobar qué dijo José Moya, su abogado José Martínez Hoepelman aseguró que la magistrada Kenya Romero consideró que el caso de su defendido se trató de algo contractual y no ilícito, como argumentó el MP en el expediente.
En el de mayor vigencia de los cuatro casos mencionados, Pulpo, Aquiles Alejandro Christopher, implicado en dicho proceso judicial contra el Estado, al que se le señala de tener una nómina fantasma en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y que, junto a Luis Conrado Ruíz Valdez, cobraban un sueldo de RD$200,000 pesos mensuales cada uno, a pesar de no estar asignados a algún departamento, externó su testimonio ante el juez Alejandro Vargas, al que le dijo, entre otras cosas, que junto al exdirector de la institución Francisco Pagán, encontró cubicaciones por pagar aprobadas por las autoridades salientes por RD$7,500 millones, monto que fue comprobado era menor al realizar evaluaciones, quedando un negativo de RD$ 947 millones, dejando de pagar unos RD$8,600 millones a esas empresas.
Tras evaluar las deudas autorizadas por las autoridades anteriores, se encontraron con contratos de hasta RD$21,000 millones de pesos en favor de las empresas Andrés y Camilan, propiedad del empresario de las telecomunicaciones Juan Ramón Gómez Díaz.
‘’Lo primero que hicimos al llegar a la Oisoe, fue evaluar todos los contratos vigentes de la institución, evaluar contratos de nada más y nada menos que con empresas de Juan Ramón Gómez Díaz, Acero Estrella, Meca Santo Domingo, José Ramón Brea; yo le dije no se preocupen que cuando las ovejas se dispersan es contra el pastor que levantan los cañones’’, dijo el imputado en los tentáculos de corrupción encabezado por Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.
Además de Alejandro Christofer, Miguel José Moya y Alejandro Girón, la que fungiera como presentadora en la Lotería Nacional por unos días años, Valentina Rosario, involucrada en la famosa Operación 13, un caso que se destapó por una supuesta estafa contra el estado que, según el MP, asciende a unos 500 millones de pesos, señaló al exadministrador de dicha entidad, Luis Maisichell Dicent, de haberle ofrecido dos millones de pesos para participar en el supuesto entramado en el sorteo del pasado 1 de mayo con el primer premio, que correspondió al bolo del número 13.
A Rosario le fue impuesta una medida coercitiva de prisión domiciliaria junto con otros tres de los imputados del caso luego que el MP pidiera la variación de la solicitud coercitiva.
La presentadora admitió ante el tribunal que se prestó para el supuesto fraude, y agregó que se sentía arrepentida por lo ocurrido con ella. Además, criticó a Maisichell Dicent por haber dado declaraciones a la prensa divorciadas de la realidad a los hechos.
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