El exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, depositó una carta ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, reiterando su posición de que la audiencia donde se conocerá la solicitud de medidas de coerción a los imputados por la Operación Medusa, donde es el principal implicado, sea pública y a puertas abiertas.
En ese sentido, Rodríguez afirmó que entiende que el resto de los investigados conserven su derecho a privacidad, sin embargo, sostuvo que al constituir un derecho individual pide que sea aprobada su solicitud para la exposición de su defensa, la réplica del Ministerio Público y la contrarréplica y conclusiones del suscrito.
“Entiendo que el resto de los investigados tienen el derecho a su privacidad y no nos oponemos, sin embargo, en mi caso y tratándose de un derecho individual, pedimos cortésmente su aprobación, tanto para la exposición de nuestra defensa, la réplica del Ministerio público y nuestra contrarréplica y conclusiones del suscrito”, solicitó Rodríguez.
El conocimiento de medida de coerción inició el pasado jueves con la presentación del Ministerio Público, el sábado los abogados de los imputados iniciaron sus argumentos de defensa que continuará este lunes, luego de que no se concluyera la exposición de los imputados Jean Alain Rodríguez, Alfredo Alexander Solano y Jonathan Joel Rodríguez Imbert.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el exprocurador Rodríguez a Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex director Financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa y financiera; Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de tecnología; Rafael Antonio Mercedes Marte, ex encargado de contabilidad y Miguel José Moya, asesor y suplidor de la Procuraduría General de la República.
Los imputados están acusados de estafa al Estado, asociación de malhechores, coalición de funcionarios para cometer delitos y otros cargos.
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