De los actuales casos de investigación por entramados, delitos de corrupción y fraude que lleva la Procuraduría General de la República, a tres de ellos la fiscalía del Ministerio Público le ha impuesto medidas coercitivas a sus implicados, que van desde la garantía económica, pasando por presentación periódica hasta la prisión preventiva.
La medida de coerción es una restricción directa o indirecta sobre el derecho fundamental-constitucional a la libertad y la propiedad de una persona imputada, autorizado por una orden judicial, cuyo carácter temporal busca garantizar la presencia del imputado ante la jurisdicción correspondiente.
Entre los artículos 223 a 226 inclusive, el código procesal penal establece las siguientes medidas de coerción: La promesa del imputado de someterse u obligarse a los actos del procedimiento; citación a comparecer a un orden de conducencia del imputado; arresto por orden de un juez y arresto in fraganti por la autoridad correspondiente; presentación de garantía económica suficiente por parte del imputado; impedimento o prohibición de salida al imputado autorizado por un juez; la obligación del imputado a someterse a vigilancia de una persona o institución autorizada por un juez (Internamiento en un centro de salud mental); presentación periódica del imputado ante un juez; colocación de localizadores electrónicos; arresto domiciliario del imputado y la prisión preventiva.
De todas estas medidas, la prisión preventiva es la más severa de todas, ya que implica privar del estado ordinario de libertad al imputado, por lo cual debe ordenarse extraordinariamente, cuando exista principalmente el llamado peligro de fuga, según el artículo 234 del Código Procesal Penal o cuando los cargos imputables al individuo impliquen penas privativas de libertad.
En el caso de la prisión preventiva, en particular, legalmente se encuentra fijado que no podrá exceder los 12 meses, y los 18 meses en el caso de que sea declarado un proceso complejo, y su revisión será de manera obligatoria cada tres meses.
Caso Anti pulpo
La investigación del caso Anti pulpo está a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezada por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
De acuerdo con la acusación, con la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios con el Estado.
A los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, entre otros delitos, se le atribuye incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oisoe. Además, Julián Estaban Suriel Suazo es acusado de prestar su nombre para servir de testaferro al principal acusado Juan Alexis Medina Sánchez.
El Ministerio Público acusa a Fernando A. Rosa Rosa de sobrevaluación en las obras realizadas durante su gestión al frente del Fonper.
Las investigaciones han permitido establecer que Carmen Magalys Medina Sánchez, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fonper, maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.
Wacal Vernabel Méndez Pineda fungía como el tesorero de todas las empresas que forman parte del referido entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez. Se le atribuye enriquecimiento ilícito, así como incurrir en lavado de activos producto de sus vínculos con dicho entramado de corrupción.
En la gestión de Freddy Hidalgo, de acuerdo al expediente del caso, se malversaron al menos RD$236.9 millones en favor del entramado delictivo.
José Dolores Santana Carmona también es acusado de ser testaferro, al igual que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien se le atribuye camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina Sánchez.
En el caso, tanto Alexis Medina Sánchez como Fernando Rosa, director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, junto a otros involucrados en el caso.
El proceso judicial también se sigue en contra de Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, quienes también cumplen prisión preventiva en dicho recinto penitenciario.
Mientras que contra los procesados Carmen Magalys Medina Sánchez, también hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, pesan tres meses de arresto domiciliario.
Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.
José Alejandro Vargas, entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso las medidas de coerción el pasado mes de diciembre y posteriormente fueron ratificadas en marzo de este año por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez Abreu.
Al grupo se le impuso en diciembre pasado tres meses de prisión preventiva que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
Los fiscales además manifestaron que se mantenga el arresto domiciliario por tres meses impuesto a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y de Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud.
Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar en diciembre pasado una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
Por igual, el Ministerio Público busca que sea confirmado el arresto domiciliario e impedimento de salida del país impuesto a Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, y la presentación periódica impuesta al encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Esta ha conocido por segunda vez la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas a los encartados de este caso.
Varios de los imputados que cumplen prisión preventiva han recurrido en apelación en procura de que se le varíe la medida de coerción, pero al ponderar los documentos presentados por el Ministerio Público, sus solicitudes han sido rechazadas.
Caso Coral
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca y Yeni Berenice Reynoso, llevan a cabo las investigaciones de la Operación Coral.
El Ministerio Público acusó al mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que se instaló el mecanismo de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que extendió a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Con Cáceres Silvestre está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
También, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El Ministerio Público logró el pasado 4 de mayo que por este caso fueran impuestos 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. Mientras que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa con la investigación del caso, que ha sido declarado de tramitación compleja.
El grupo es acusado de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Operación 13
coerción a implicados “Operación 13”; MP pedirá prisión preventiva
La institución persecutora de los delitos indicó que las indagatorias entorno a la Lotería Nacional se originaron a partir de denuncias sobre la maniobra fraudulenta en la extracción de la tómbola del primer premio en el sorteo del 1 de mayo.
En el video de la transmisión se aprecia al invidente Miguel Mejía cuando simula pasar el bolo a la locutora y conductora Valentina Rosario Cruz, en cuyas manos se observa el 13, número con el que numerosas bancas de apuestas denuncian haber sido perjudicadas con pérdidas millonarias.
Las maniobras fraudulentas del sorteo llevaron a sus organizadores, hoy imputados, a obtener sumas millonarias en otros países en donde radica una importante comunidad dominicana.
El grupo fue arrestado en el transcurso de 15 allanamientos realizados el sábado, con autorización judicial, en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Nouel y Santo Domingo. Los operativos estuvieron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Con las evidencias aportadas por el Ministerio Público, destacan que los imputados Luis Maisichell Dicent, junto a William Lisando Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta, formaron una asociación de malhechores que cometió estafa, sobornos, lavado de activos y otros delitos, conforme a la solicitud de medida presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso un año de prisión preventiva contra el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent, el expresidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) y Eladio Batista, por su presunta implicación en un fraude al sorteo de lotería del pasado primero de mayo, que provocó pérdidas de más de 500 millones de pesos a las bancas.
Los imputados cumplirán el año de prisión preventiva en el Centro Correccional de Najayo Hombres
Mientras que la presentadora Valentina Rosario le fue impuesto la coerción de arresto domiciliario. A Miguel Mejía, el no vidente, le dictaron presentación periódica y a Edison Perdomo Peralta, el camarógrafo, una fianza de 500 mil pesos bajo la modalidad de contrato.
El Ministerio Público varió su petición inicial de medida de coerción contra algunos de los imputados que colaboran con la investigación, quienes proporcionaron información que contribuye con las investigaciones.
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