El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció este jueves que su país sufre una “epidemia” de violencia provocada por las armas de fuego, en una ceremonia en la que anunció medidas limitadas para intentar controlar un problema que hasta ahora ningún mandatario ha podido frenar. El anuncio coincidió con un nuevo tiroteo que tuvo lugar este jueves en Texas y dejó al momento un saldo de un muertos y cuatro heridos.
El mandatario, que siempre ha abogado por un mayor control de la tenencia de armas, ha recibido presiones de su Partido Demócrata para que actúe tras los recientes tiroteos de Colorado y Georgia, a los que se suma ahora el incidente en Texas de este jueves.
“Esto es una epidemia, por el amor de Dios, y tiene que parar”, declaró el mandatario demócrata en la Casa Blanca, refiriéndose igualmente a los tiroteos como una “crisis de salud pública”.
Sin un acuerdo probable en el Congreso para aprobar una reforma amplia, por ejemplo para exigir un informe de antecedentes para los compradores, Biden anunció seis decretos para intentar abordar el problema.
Biden presentó un plan limitado para prevenir la propagación de las llamadas “armas fantasma” -de fabricación artesanal, a veces con impresoras 3D-, que son imposibles de rastrear en caso de ser utilizadas en un crimen.
También propuso aumentar las regulaciones para los soportes de brazo diseñados para estabilizar el arma, un dispositivo usado por el sospechoso del tiroteo de Colorado que dejó 10 muertos.
“Ya basta de rezos”, afirmó con respecto a un problema que provoca cerca de 40.000 muertos cada año en el país. “Llegó la hora de la acción”, aseguró el mandatario que se refirió a la situación como una “vergüenza internacional”.
El mandatario se comprometió a apoyar a las agencias implicadas en la lucha contra este tipo de violencia y encargó un reporte exhaustivo sobre el problema, un balance que no se realizaba desde el año 2000.
Prohibir los fusiles de asalto
Biden admitió que el debate sobre el tema de las armas es algo difícil en Estados Unidos, pero aseguró que hay más terreno de entendimiento de lo que se piensa.
El mandatario indicó que sus propuestas son sólo un punto de inicio y llamó al Congreso a legislar para lograr medidas como el control de antecedentes y terminar con la venta de fusiles de asalto que muchas veces son el arma utilizada en los tiroteos masivos.
“Deberíamos prohibir los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad”, afirmó. El demócrata se declara partidario de un control de antecedentes más estricto para los compradores de armas de fuego y de la prohibición de los rifles de tipo militar, como el AR-15.
Pero ambas ideas enfrentan una fuerte resistencia en el Congreso, donde las estrechas mayorías demócratas en ambas cámaras dificultan el trámite de iniciativas sobre este tema tan sensible en Estados Unidos
El AR-15, una semiautomática parecida al emblemático rifle militar M16, ha sido el arma elegida en varios asesinatos en masa. Al mismo tiempo, el rifle es enormemente popular entre los tiradores deportivos y los entusiastas de las armas legales, simbolizando la división ideológica del país.
En 1994, cuando era senador, Biden apoyó la prohibición de los fusiles de asalto. La ley expiró una década más tarde y nunca fue renovada, con los republicanos escorados en posiciones más rígidas frente a lo que describen como un ataque al derecho constitucional de portar armas.
Mientras tanto, los anuncios del jueves no fueron bien recibidos entre los republicanos. El legislador de Alabama Robert Aderholt afirmó que las acciones anunciadas por Biden están orientadas a “apaciguar a la izquierda radical y atentar contra el derecho a portar armas consagrado en la Segunda Enmienda”. “Ellos quieren quitarle sus armas”, añadió otro congresista republicano, Jim Jordan, de Ohio.
Además de las medidas anunciadas, Biden aprovechó su discurso en la Rosaleda de la Casa Blanca para nombrar a David Chipman, un defensor del control de armas, como jefe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), una agencia clave en la lucha contra la violencia armada.
Como reflejo de la falta de unidad política en lo relacionado a las restricciones de las armas de fuego, la ATF no ha tenido un director confirmado por el Senado desde 2015.
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