En un informe de 2017, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Equality Now (Igualdad ahora), se destacó numerosos ejemplos de países en Medio Oriente y el norte de África en los que un violador puede evadir la justicia mediante el matrimonio.
El informe de la ONU citó como una de sus fuentes los reportes de la Organización No Gubernamental (ONG) internacional con sede en Washington Equality Now”, y los países son: : Irak, Baréin, Libia, Kuwait, territorios palestinos, Túnez, Jordania y Líbano.
«Luego de nuestro informe y de otras campañas, Túnez, Jordania y Líbano eliminaron estas leyes en 2017, y Palestina hizo lo mismo en 2018», señaló a BBC Mundo Bárbara Jiménez, abogada especializada en derechos de la mujer y representante de Equality Now para América Latina.
Otros ejemplos citados en el informe de la ONU son Angola, Argelia, Camerún, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Siria y Tayikistán.
Las víctimas casadas con sus violadores se ven atrapadas en uniones que las exponen a posibles violaciones y otras agresiones de por vida.
«En muchas ocasiones estas leyes existen porque lo que se está tratando de ‘proteger’ aquí es el honor de la familia, del nombre, el honor de la víctima», agregó Jiménez.
El «deshonor» por la pérdida de virginidad es visto por las familias como un mal mayor que la integridad de sus hijas.
Estas normas también existieron en Europa. Italia, por ejemplo, las eliminó en 1981 y Francia en 1994.
¿Cuál es la situación en América Latina?
La mayoría de los países en la región derogaron los artículos en sus códigos penales que permitían a un violador evadir la justicia casándose con su víctima.
Pero estos cambios legales son relativamente, e increíblemente, recientes. Esas normas se eliminaron por ejemplo en Uruguay en 2006, en Costa Rica en 2007 y en Bolivia en 2013.
Y dos países de la región, Venezuela y República Dominicana, aún tienen artículos en sus códigos penales que permiten que el perpetrador de una violación escape a su condena contrayendo matrimonio.
El caso de República Dominicana
«El Código Penal vigente en República Dominicana desde 1884 tiene una norma (artículo 356) en la que se libera de persecución penal al agresor sexual de una menor de edad -aún si se trata de un incesto-, si contrae matrimonio con ella», explicó a BBC Mundo la abogada dominicana Patricia M. Santana Nina, especialista en Derecho Constitucional con Estudios de Género y Violencia.
«En otras palabras, el crimen se perdona si el agresor se casa con la víctima. Esta disposición fue implícitamente derogada recientemente, en enero de 2021, mediante la Ley No. 1-21 que prohíbe absolutamente el matrimonio con personas menores de 18 años. No obstante, en la actualidad en el país se debate un proyecto de Código Penal, que derogaría por completo el texto del Código Penal».
Santana Nina señaló que la ley que perdona al agresor sexual si se casa con una menor «sí se aplicaba y con mucha frecuencia«.
«Es una práctica cultural nociva contra la cual aún luchamos, porque aunque se prohibió el matrimonio infantil continúan las uniones tempranas», agregó.
En opinión de la abogada aún debe incluirse a República Dominicana en la lista de países que permiten la exoneración de un violador si se casa con su víctima, «porque la norma sigue vigente. Siempre puede aparecer un ‘genio intérprete’ que interprete la ley para favorecer al agresor».
Para Santana Nina, «este tipo de normas se traduce en una forma de violencia contra mujeres y niñas que proviene directamente del Estado dominicano, que, en nuestra sociedad, perpetúa y profundiza la discriminación y la condición de pobreza extrema de aquellas».
«Se traduce en una condena a vivir, además, en medio de círculos de violencia de género y las expone al embarazo infantil y forzado (ya que, en este país, el aborto se penaliza sin excepciones)», dijo.
Casos reales
Amina Filali tenía 15 años cuando les contó a sus padres que la habían violado.
La familia, «siguiendo el consejo de un funcionario judicial», según dijo el padre de la menor, la obligó a casarse con su violador, un hombre de unos 25 años.
Meses después, tras denunciar golpizas y agresiones, la adolescente se suicidó con 16 años tomando veneno para ratas.
Amina murió en 2012 en un pequeño pueblo en Marruecos y su caso emblemático desató protestas y campañas de grupos de mujeres a nivel nacional.
El Parlamento de Marruecos finalmente derogó en 2014 la ley que permitía a un violador evadir la justicia si se casaba con su víctima.
Pero leyes del mismo tipo aún son una realidad en varias partes del mundo, incluída América Latina, según el reciente informe del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), titulado «Mi cuerpo me pertenece».
El reporte señala que casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen autonomía sobre sus cuerpos, y se les niega el derecho a decidir si desean tener relaciones sexuales, usar métodos anticonceptivos o buscar atención de salud.
Esto «debería indignarnos a todos», afirmó la Directora Ejecutiva del UNFPA, Natalia Kanem. «En esencia, cientos de millones de mujeres y niñas no son dueñas de sus propios cuerpos. Sus vidas son gobernadas por otros».
Fuente: BBC noticias
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