Apenas un día después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicara un informe en el que señala a la Policía Nacional de cometer actos de tortura y abusos físicos, miembros de esta institución mataron a Elizabeth Muñoz y Joel Pinales, de 26 y 28 años de edad respectivamente, en un confuso incidente que ha conmocionado a la sociedad dominicana.
Ambos eran una pareja recién casada y regresaban de un culto cristiano en el municipio Villa Altagracia, cuando supuestamente su vehículo fue confundido por los miembros de la institución del orden, quienes realizaron varios disparos provocando la muerte de los esposos.
Ayer, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe sobre los Derechos Humanos para el 2020, en el cual determinó que aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y los abusos físicos, miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la Policía Nacional llevaban a cabo esas prácticas.
El informe establece que la impunidad fue un problema dentro de ciertas unidades de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Nacional.
Aunque la ley lo prohíbe en RD se comete abuso policial, según Departamento de Estado EEUU
Asimismo, dicta que “El gobierno no respondió en gran medida a las preguntas sobre los controles internos y las investigaciones entre las fuerzas de seguridad. El gobierno no ha informado de ningún caso de uso excesivo de la fuerza por parte de un agente de policía registrado al 1 de septiembre”.
De acuerdo al documento, el gobierno afirmó que todas las detenciones cumplían con las protecciones constitucionales.
“El gobierno utilizó el entrenamiento para combatir la impunidad oficial. La policía nacional ofreció formación especializada en derechos humanos como parte de sus cursos de formación continua”, establece.
El documento detalla las denuncias hechas por trabajadoras sexuales, que alegaban eran golpeadas por agentes de la Policía cuando intentaban trabajar, en violación de las prohibiciones establecidas por el COVID-19.
En el primer informe del Departamento de Estado publicado en la gestión de Joe Biden, trata además sobre los procedimientos de detención y trato a los detenidos sobre lo cual cita que la ley establece que un acusado puede ser detenido hasta 48 horas sin orden judicial antes de ser presentado a las autoridades judiciales.
“No obstante, se informó de detenidos que permanecieron en comisarías durante largos periodos de tiempo, incluso semanas, antes de ser trasladados a una cárcel. Las comisarías no disponían de las condiciones físicas adecuadas ni de los recursos, incluida la alimentación, para atender a los detenidos durante un periodo prolongado”, indicó el documento.
Asimismo, hace mención de los arrestos arbitrarios por parte de las autoridades en diferentes sectores de bajos ingresos y alto nivel de delincuencia, donde señala que se detuvo a personas sin una orden judicial previa. “La policía detuvo a un gran número de residentes y se incautó bienes personales supuestamente utilizados en actividades delictivas”.
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