En la audiencia de este jueves por el Caso Odebrecht, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició la lectura de las pruebas pendientes de incorporación contra los seis implicados en el expediente de los US$92 millones distribuidos por la multinacional brasileña entre intermediarios y funcionarios del país.
Tras la autorización de la presidencia del tribunal, la secretaria inició con la lectura de la prueba número uno de los documentos, con los que el Ministerio Público busca demostrar la acusación por los sobornos repartidos por la empresa constructora para agenciarse asignaciones de obras del Estado. Específicamente, corresponde a la parte 1.3.
A poco tiempo de iniciarse el procedimiento, una de las defensas técnicas presentó una objeción, por lo que el tribunal, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ordenó un receso para continuar a las 2:00 de la tarde.
El equipo litigador que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho explicó que hicieron una selección de los documentos, indicando a la secretaria que lea todo lo que está en la prueba traducido al español.
Los fiscales del caso iniciaron la mañana del lunes 22 de marzo con la presentación de más de 700 pruebas documentales pendientes de incorporación en el juicio que se sigue en contra de seis imputados de recibir y distribuir los sobornos, presentándose desde entonces varios recursos hasta este jueves.
Previo a la lectura de las evidencias, desde el pasado 8 de enero, el órgano de la persecución penal presentó 28 testigos, logrando con la mayoría incorporar cientos de pruebas durante el proceso judicial.
Las evidencias comprometen las responsabilidades de Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), y Víctor Díaz Rúa, también exdirector de Inapa y exministro de Obras Públicas.
Además, contra Ángel Rondón Rijo, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano, y por igual contra Porfirio Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón; exsenador de la provincia San Cristóbal, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
La acusación sostiene que los imputados incurrieron en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
El Ministerio Público destacó a través de un comunicado de prensa que los fiscales están preparados para seguir con la incorporación de las pruebas en este entramado de corrupción.
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