Desde que la República Dominicana fue fundada, el 27 de febrero del 1844, el latrocinio del erario público ha sido un lastre que ha cargado el país por casi dos siglos y que ha impedido el desarrollo socio económico de la nación, situada en los últimos niveles de transparencia por organismos internacionales durante décadas.
A partir del 2016, cuando era candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, acogió la lucha contra la corrupción como su grito de guerra de campaña, haciendo promesas que de llegar al poder, erradicaría esta práctica malsana y en cierta medida ha pasado de palabras a hechos.
Desde que juró como mandatario de la nación caribeña el pasado 16 de agosto, con aquella frase de que: «no habrá impunidad para la corrupción del pasado ni la del futuro», el presidente Abinader dio indicios de la lucha contra este mal sería uno de los ejes principales de su gobierno, al nombrar a Miriam Germán Brito, una reconocida y valorada mujer de la Justicia, y a la exfiscal del Distrito Nacional Yeni Berenice Reynoso al frente del Ministerio Público.
Otro augurio de que la administración del presidente Abinader se enfocaría en la transparencia es la designación de la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch como directora general de ética e Integridad Gubernamental, y de Carlos Pimentel, excoordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana, como director general de Compras y Contrataciones Públicas.
Independientemente de las acciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República contra exfuncionarios de la gestión pasada acusados de corrupción, el actual Gobierno ha establecido varias medidas para combatir esta mala práctica contra el erario público.
A principios de agosto, Abinader anunció la disolución del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), instituciones que por años han estado en la palestra pública por casos de corrupción y cuyos últimos directores Fernando Rosa y Francisco Pagán, actualmente guardan prisión preventiva por acusaciones de estafa en perjuicio del Estado, en la denominada Operación Anti Pulpo.
El pasado 9 de diciembre el mandatario presentó el “Plan Integral de Reformas Institucionales”, que contiene leyes, reglamentos y decretos, con el objetivo prevenir y erradicar la existencia de corrupción administrativa durante su mandato.
Siguiendo esta línea, el pasado 14 de diciembre creó el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público mediante el Decreto 695.20, con el fin de “incrementar la eficiencia, eficacia y agilidad en la toma de decisiones a nivel de la administración pública”.
Este organismo lo encabeza Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
Otras medidas anunciadas por Abinader han sido el aumento de consultas populares vía referendo, la creación de una subdirección antifraude dependiente de la Contraloría General, la eliminación del “barrilito” (fondo para asistencia social que manejan los legisladores) y la creación de un portal único de transparencia.
En cuanto a las leyes, el mandatario anunció que serán modificadas la ley de Compras y Contrataciones Públicas, la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, y la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas.
En adición a esto, se aprobará la Ley General de Publicidad Estatal y se aplicará la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, con el fin de que los ciudadanos tengan pleno acceso al derecho a la información.
El jefe de Estado también estableció el “Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana”, a fin de crear mejores niveles de transparencia en la administración pública.
La medida fue establecida mediante decreto 36-21, donde también se detalló que el programa serviría para “garantizar una mayor eficiencia y efectividad en el uso de los fondos públicos”.
Igualmente, el desarrollo, e implementación, del programa estarán bajo la supervisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), entidad que tendrá la responsabilidad de coordinar una mesa técnica para así mejorar la efectividad del referido plan.
En ese mismo orden, mediante el decreto número 22-21, Abinader conformó un equipo de abogados para que represente al Estado, “en las acciones y procesos tendentes a la recuperación del patrimonio que se verifique haya sido distraído de las arcas pública, ya sea en las administraciones pasadas o en la presente”.
“Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario”, citó el documento difundido por la Presidencia.
Según el comunicado, “este decreto refleja el compromiso firme de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la restitución de bienes y recursos que han sido distraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes”.
Este 27 de febrero será la primera rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, en cuyo discurso se espera que aborde el tema de la transparencia y las acciones que ha ejecutado su gobierno para enfrentar el latrocinio del erario público.
HISTORIAL. En estos 177 años, desde Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ulises Heureaux, Rafael Leónidas Trujillo Molina y Joaquín Balaguer hasta Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina han sido de los gobiernos dominicanos que han enfrentado grandes casos de corrupción, siendo los últimos los que han empoderado a una sociedad hastiada de la falta de transparencia de la clase política local y la impunidad.
Hasta hace pocos años, la corrupción no generaba gran importancia en el electorado dominicano, según encuestas, que situaban el costo de la vida y la seguridad ciudadana como temas de más relevancia para la población dominicana, situación que hizo sentir en una zona de confort a los políticos, hasta que un punto de quiebre hizo a la sociedad más vigilante de los procesos administrativos del Estado dominicano.
Desde el suicidio del ingeniero David Rodríguez, al ser acorralado por el esquema de corrupción de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la explosión del caso de sobornos de la constructora Odebrecht, los asesinatos de Yuniol Ramírez, por una supuesta extorsión en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), y los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, quienes fueron acribillados en una cabina de una estación radial de San Pedro de Macorís y desnudó la venta irregulares de tierras en el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), son algunos de los casos que han conmocionado a la sociedad dominicana e instado a exigir transparencia.
Las cadenas humanas en la OISOE, la marcha verde contra la falta de transprencia y los cacerolazos en medio de la pandemia del coronavirus, son algunos de los métodos utilizados por los dominicanos para denunciar la corrupción en los últimos años.
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