Con 40 años de vigencia, la Constitución de Pinochet se acerca a su fin

 Once días después del Golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende (1970-1973), la dictadura chilena creó la comisión que redactaría una nueva carta magna para el país, texto que este jueves cumple 40 años de vigencia a un mes de las históricas elecciones que definirán a los delegados para redactar una nueva Constitución, esta vez en democracia.

Escrita a puertas cerradas por un grupo de juristas cercanos al régimen dictatorial de Augusto Pinochet (1973-1990), el texto pasó por la Comisión de Estudios Constitucionales, el Consejo de Estado y la misma Junta Militar entre 1973 y 1979, siendo aprobado en 1980 tras un cuestionado plebiscito que no contó con registros electorales.

Académicos aseguran que la Constitución actual guarda los orígenes de la grave ola de protestas que sacudió al país a fines de 2019, en tanto crea un «poder político incapacitado para transformar».

Es la mirada del abogado y académico de la Universidad de Chile Fernando Atria, quien en declaraciones a Efe aseguró que la carta fundamental vigente «ha sido desahuciada por el pueblo desde el 18 de octubre», punto demostrado en el histórico plebiscito del año pasado donde casi el 80 % de la población aprobó la elaboración de un nuevo documento.

Atria aseveró que la institucionalidad chilena se fue «hundiendo en una ciénaga de ilegitimidad», en tanto se ha mostrado inmune a las demandas sociales que se han tomado las calles chilenas progresivamente desde 2006 en adelante: primero con los estudiantes secundarios y universitarios, luego por pensiones dignas, además de luchas medioambientales y por el derecho a la salud.

Sin embargo, los problemas de legitimidad del texto constitucional originado en dictadura son anteriores: su redacción se dio en un contexto de plena persecución política, con denuncias por torturas, asesinatos y desaparición de militantes de izquierda.

NEUTRALIZAR AL ADVERSARIO

Reconocido como uno de los ideólogos de la dictadura, el abogado de la Universidad Católica y miembro del Opus Dei Jaime Guzmán, asesinado en un atentado perpetrado por militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1991, fue de las personas más influyentes al momento de redactar la Constitución de 1980.

El contendido de la carta magna «debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario», dijo Guzmán en aquel entonces.

Para Guzmán, ese fue el sentido del esfuerzo constituyente, una lógica que Atria no duda en llamar «tramposa», en tanto «el juego está diseñado para que siempre gane el mismo equipo».

ESTADO SUBSIDIARIO

Además de quorums inalcanzables dispuestos como amarres para frenar reformas estructurales, algunos expertos consideran que la Constitución cedió al Estado un rol eminentemente subsidiario y favoreció la prevalencia de iniciativas privadas en temas esenciales como educación, salud y pensiones.

Para la politóloga y académica de la Universidad de Chile Claudia Hess, el «énfasis excesivo que tiene la Constitución en la defensa de la iniciativa privada ha generado incentivos perversos que han permitido el lucro en la provisión de servicios sociales».

Producto de los blindajes de la actual carta magna, explicó Hess a Efe, «la consecuencia ha sido declarar inconstitucionales proyectos de carácter redistributivo en teas de programas sociales», impidiendo garantizar derechos universales para la población chilena.

Con miras al proceso constituyente que el próximo 11 de abril tendrá su hito electoral para definir a los miembros de la Convención, Hess aseguró que espera «un cambio de rumbo en la interpretación que hace todo el sistema político de los derechos sociales».

Fuente: EFE

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