La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó que un tribunal mantenga la medida de prisión preventiva impuesta en diciembre pasado a Wacal Vernavel Méndez Pineda, uno de los acusados del Caso Pulpo.
La jueza Octavia Fernández, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adoptó la decisión de mantener al imputado en prisión al conocer un pedimento de revisión de la medida de coerción impuesta el 8 de diciembre de 2020 por José Alejandro Vargas, entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de mantener la medida de coerción para garantizar el conocimiento del proceso y la presentación del imputado a los actos del proceso, ponderó la fiscal de la Pepca Mirna Ortiz.
De esa forma, el tribunal también evita que el procesado incurra en acciones que dispersen pruebas que demuestran los delitos imputados, añadió Ortiz, quien representó al Ministerio Público junto al titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, y el procurador general de Corte de Apelación Héctor García, adscrito a la Dirección General de Persecución.
El Ministerio Público ubica a Méndez Pineda en el entramado de corrupción que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez y del que formaban parte exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros que se aprovecharon de sus vínculos con el poder político para enriquecerse producto de actividades ilícitas en perjuicio del Estado.
El expediente del Caso Pulpo se sustenta en una exhaustiva labor de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público a través de un amplio equipo de fiscales encabezados por la Dirección General de Persecución y la Pepca, que dirigen los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
El Ministerio Público sostiene que el encartado Méndez Pineda fungía como el tesorero de todas las empresas que forman parte del referido entramado societario dirigido por Medina Sánchez, favorecido con contratos del Estado durante las gestiones de gobiernos de su hermano Danilo Medina Sánchez (2012-2020).
La Pepca establece que Méndez Pineda, ejecutivo de dichas empresas, se enriqueció de manera ilícita, además de que incurrió en lavado de activos producto de sus vínculos con dicho entramado de corrupción.
La fiscal Ortiz recordó que el pasado 21 de enero la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó mantener en prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y a otros cinco vinculados al entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año.
En ese orden, destacó que, luego que rechazara los recursos de apelación interpuestos por los procesados, dicha corte le ratificó la prisión preventiva a Juan Alexis Medina Sánchez, Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Julián Esteban Suriel Suazo y a José Dolores Santana Carmona.
Juan Alexis Medina Sánchez es señalado como el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes. Junto a los demás imputados cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
El coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, quien también había apelado la decisión que le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país, desistió del recurso.
Por su vinculación a este caso también recibieron medidas de coerción los procesados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, sobre quienes pesan tres meses de arresto domiciliario.
Carmen Magalys e Hidalgo Núñez tuvieron, además, que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
En tanto que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.
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