El exministro de Hacienda y exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, se rehusó a responder los detalles sobre los cuales fue interrogado este miércoles por los más altos miembros de la Procuraduría General de la República, en una serie de interrogatorios realizados por el Ministerio Público en relación a casos de corrupción en la pasada gestión de Gobierno encabezada por el expresidente Danilo Medina.
Lizardo aseguró que recibió un trato cordial y respetuoso por parte de la procuradora general de la República, Miriam Germán, la directora de Persecusión del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Procuraduría Especializada en Persecusión de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, quienes lo interrogaron por espacio de unas tres horas.
«Recibimos un tratamiento cordial y respetuoso, esto va a continuar y a medida que continúen que se vayan respondiendo las inquietudes del Ministerio Público el caso culminará, y las conclusiones las daremos a conocer. Fuimos interrogados por Miriam Germán, Camacho, y Yeni Berenice», dijo Lizardo a la salida del Ministerio Público.
Más temprano, Lizardo había asegurado que «todas» sus actuaciones como funcionario público «están totalmente claras».
El exadministrador del Banco de Reservas durante el Gobierno de Danilo Medina es parte de una investigación que dirige personalmente la procuradora general, Miriam Germán Brito, de acuerdo con un comunicado emitido ayer por de la PGR.
En el caso está el exministro de Hacienda Donald Guerrero, a quien el Ministerio Público investiga por asociación de malhechores, coalición de funcionarios, desfalco, estafa contra el Estado, falsedad en documentos públicos y lavado de activos provenientes de delitos de corrupción administrativa.
La acción del Ministerio Público parte de una denuncia del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre pagos irregulares a contratistas ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), por un importe de unos 21,000 millones de pesos, «pero las indagatorias se extienden a otros hechos», de acuerdo con la información de la PGR.
La cifra incluye 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para un plan de pavimentación de carreteras, durante la gestión del excandidato presidencial Gonzalo Castillo.
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