Puerto Príncipe.- En los últimos días el conflicto político en Haití se ha agudizado. Los líderes de la oposición y sus partidarios sostienen que el mandato de cinco años del presidente Jovenel Moïse expiró, por lo que exigieron que dimitiera el pasado 7 de febrero.
Sin embargo, ese mismo día, Moise anunció que las autoridades habían detenido a 23 personas acusadas de planear un supuesto golpe de Estado para asesinarlo y derrocar a su gobierno, entre los acusados se encuentra un alto funcionario de la policía y un juez del Tribunal Supremo favorecido por la oposición.
Se recuerda que los líderes de la oposición de varios partidos políticos organizaron protestas en las semanas previas al 7 de febrero.
Medios internacionales mostraron imágenes donde cientos de simpatizantes marchaban por las calles, a menudo enfrentándose con la policía mientras clamaban que Moïse dimitiera.
La Constitución de Haití permite a los presidentes un mandato de cinco años, y los opositores argumentan que Moïse ya alcanzó ese límite.
Moïse fue electo presidente tras expirar el mandato del expresidente Michel Martelly en el 2016, recibiendo más del 50% de los votos, pero con sólo un 21% de participación en un país de más de 11 millones de habitantes. Sin embargo, las elecciones fueron tan caóticas que se vieron obligados a nombrar un presidente provisional por un año, por lo que Moïse no juró su cargo hasta febrero del 2017, un año después de ser electo.
Ha dicho en repetidas ocasiones que dejará el cargo en febrero del 2022 y ha convocado elecciones legislativas y presidenciales para el 19 de septiembre 2021, con una segunda vuelta prevista para el 21 de noviembre.
La administración del presidente estadounidense Joe Biden parece apoyar a Moïse, y un portavoz del Departamento de Estado dijo recientemente que un nuevo presidente electo debería sucederle cuando su mandato termine en el 2022. Sus críticos acusan a Moïse de acumular más poder en los últimos meses, señalando que ya gobierna por decreto presidencial desde que disolvió la mayoría del Parlamento en enero del 2020 tras no poder celebrar elecciones legislativas en el 2019 en medio de un bloqueo político.
Moïse también ha aprobado un decreto que crea una agencia de inteligencia que sólo responde ante el presidente y otro que limita los poderes del tribunal que audita los contratos del gobierno y que había acusado a Moïse y a otros funcionarios de malversación y fraude, acusaciones que han negado. Otro decreto reciente clasifica como terrorismo los robos, los incendios provocados y los que se prestan a bloqueos de las vías públicas, una táctica habitual durante las protestas, lo que conlleva fuertes sanciones.
La oposición nombró al juez del Tribunal Superior, Joseph Mécène Jean-Louis, como supuesto presidente de transición de Haití después que Moïse anunció las detenciones. Jean-Louis, que es el juez más antiguo del tribunal, dijo en un breve comunicado que aceptaba el cargo, sin embargo, no ha sido reconocido por Moïse o por la comunidad internacional.
Hoy día las calles normalmente congestionadas de la capital haitiana de Puerto Príncipe y de otros lugares permanecen en gran parte vacías en medio de la creciente incertidumbre política de este país, ya que la administración de Moïse sigue enfrentándose a un aumento de violencia y a demandas de mejores condiciones de vida.
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