Infobae.- Uno de los secretos del éxito en la vacunación masiva en Israel radica en su sistema de salud “íntimo”, que permite una distribución veloz para toda la población. Todo israelí posee uno de los cuatro seguros médicos y son dichos profesionales los que tiene digitalizadas las historias médicas de los nueves millones de ciudadanos. De este modo, se informa por mensaje de texto a todos los candidatos a vacunar de acuerdo a una escala de prioridades.
¿Cómo se ha llegado a esto? En los años ’90 Israel logró superar ciertas tendencias bolcheviques sin caer en un capitalismo salvaje en temas de salud. Se impuso una social democracia bien entendida, o lo que Theodor Hertzl, precursor del sionismo, llamaba “Un mutualismo”.
Los gremios obligaban al empleado a pagar una cuota de fidelidad y, a cambio, el trabajador recibía una endeble representación gremial y un deseado seguro médico llamado Kupat Jolim Clalit (Caja de Salud General). El dinero que entraba de los abonados no era destinado a mejorar la salud o a ofrecer nuevos servicios médicos sino a sostener la estructura burocrática con sus 4.000 empleados y sus 2.100 millones de dólares de deudas (a precio de hoy). Para colmo de males, el pago a la aseguradora era regresivo, los ancianos pagaban 7% del sueldo y los que ganaban lo que hoy son 4000 dólares al mes abonaban menos, el 2% de su sueldo. Evidentemente, la Kupat Jolim Clalit estaba fundida ya que estaba sumida a una dependencia política decadente.
En resumen, existían aseguradoras para ricos y una socialista bolchevique fundida. A la par, de los cinco millones de habitantes de Israel, un millón tenía un seguro parcial o deambulaba sin seguro por la vida (entre ellos 300.000 niños).
Durante el gobierno del laborista Itzjak Rabin (1992-1995) se dicta la Ley Nacional de Salubridad bajo la premisa que todo ciudadano israelí posee un derecho natural a una salud digna. El Estado mantenía vivas las aseguradoras Clalit (de la CGT, la más grande), las liberales Meujedet y Macabi y la de la CGT-Nacionalista Leumit pero el trabajador ya no le abonaba al fondo de salud sino al estado (vía el Seguro Nacional o Bitauj Leumí). El estado NO poseía potestad para destinar esos fondos a otros fines distintos a la salud.
En un principio la ley establecía que el empleado pagaba un porcentaje progresivo de acuerdo a sus ingresos, del 3% al 5% de sus ganancias mientras que una cifra similar debía aportar el empleador. El estado recibía esas enormes cantidades de dinero y las distribuía de la siguiente forma: 1) Establecía una bolsa de salud con una lista de remedios obligatorios que todas las aseguradoras debían proveer.
Las aseguradoras tienen prohibido, por ejemplo, no tratar enfermedades crónicas; 2) Se distribuía proporcionalmente de acuerdo a la cantidad de afiliados para cada aseguradora; 3) Se otorgaban bonos especiales para aseguradoras que recibiesen ancianos, enfermos de gravedad por lo que captar a los más necesitados las beneficiaba financieramente.
La función del estado era controlar que las aseguradoras cumpliesen con sus obligaciones, establecer las bolsas de medicamentos y distribuir el dinero acumulado. Además, si la aseguradora se preocupaba por levantar centros de atención en las periferias recibían un premio monetario.
El trabajador podía optar por cambiar de aseguradora dos o tres veces al año lo que aumentaba la competencia mientras que a las aseguradoras se les permitía seducir a los clientes con seguros Premium o adicionales como bolsas de estética, odontología o sesiones de yoga pagadas por las aseguradoras. En la actualidad (2021), el 80% de los israelíes posee un seguro Premium en alguna de las cuatro aseguradoras.
Israel ha enfrentado el coronavirus con un sistema de salud “Social Demócrata” bien ejecutado. El estado permite que la iniciativa privada genere riqueza (de hecho, el promedio de sueldos de Israel es de USD 46.000 anuales) y es el gobierno quien redistribuye para crear un Estado de Bienestar.
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