Un fiscal peruano apeló ayer lunes el fallo judicial que permite al partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, participar en la carrera electoral de los próximos comicios generales de Perú, luego de que un juez rechazara suspender a esta formación, investigada por presunto lavado de dinero.
El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, interpuso un recurso contra la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, a fin de que una instancia superior revoque la decisión e inhabilite la organización fujimorista.
La semana pasada, el juez Víctor Zúñiga consideró que suspender el partido era «desproporcionado porque afectaría derechos de personas que pertenecen a la agrupación y que no necesariamente estuvieron involucrados en los presuntos delitos».
Al declarar infundado el pedido de suspensión temporal de Fuerza Popular, el juez dio luz verde al partido fujimorista a seguir en campaña para las elecciones previstas para el próximo 11 de abril.
La líder de la formación política, Keiko Fujimori, celebró en sus redes sociales la resolución de un pedido que consideró «arbitrario».
«Esta decisión fortalece la democracia y nos permite participar en igualdad de condiciones. Que el pueblo decida.», escribió en Twitter la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumple 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.
EL FISCAL INSISTE
El pedido de suspensión de Fuerza Popular como organización política fue cursado por Pérez, que desde hace tres años investiga a esta formación política y a Keiko por el presunto origen ilícito de los fondos con los que financió sus anteriores campañas electorales.
Fruto de esta investigación, Fujimori pasó alrededor de quince meses en prisión preventiva en dos periodos distintos entre 2018 y 2020, mientras proseguían las pesquisas, que están en su fase final.
El fiscal argumentó su pedido de suspender a Fuerza Popular para estas elecciones en que esta organización distorsionaba la democracia al tener fondos de origen presuntamente ilícito.
Fuente: EFE
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