(EFE).- El Gobierno mexicano publicó este viernes el expediente que le entregó Washington sobre el caso de Salvador Cienfuegos, exjefe del Ejército mexicano acusado de narcotráfico en Estados Unidos pero exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana.
«Las pruebas recabadas en los Estados Unidos consisten principalmente en unas comunicaciones interceptadas, en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes», establece dentro del expediente una carta firmada por Timothy Shea, administrador interino del Departamento de Justicia estadounidense.
El archivo se publica apenas un día después de que la FGR exonerara a Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), detenido el 15 de octubre en Los Ángeles tras una investigación de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA).
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien gestionó su liberación en noviembre pasado, acusó en la mañana de este viernes a la DEA de «fabricar» los cargos contra el general y pidió publicar el expediente que Washington envió el 29 de octubre a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
«Les ofrecemos disculpas (a Estados Unidos) y ojalá comprendan, pero por encima de todo está la dignidad del Gobierno y la autoridad moral del presidente», declaró en su rueda de prensa matutina sobre la intención de publicar estos documentos.
El expediente difundido por la SRE consta de 748 páginas, incluyendo las cartas de Shea al canciller mexicano, Marcelo Ebrard.
En su mayoría son mensajes de texto e imágenes que, presuntamente y de acuerdo con la DEA, Cienfuegos se intercambió con narcotraficantes.
En la carta, el administrador del Departamento de Justicia explica que estas pruebas se usaron para elaborar cuatro cargos de asociación delictuosa para fabricar, distribuir e importar cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, además de lavado de dinero.
«No hubo interceptaciones electrónicas hechas en territorio nacional mexicano», afirma Shea en la misiva.
El funcionario del Departamento de Justicia asegura que la DEA «no investigó a Cienfuegos como un objetivo principal y tampoco interceptó directamente sus comunicaciones».
La DEA, argumenta Shea, se topó con el caso de Cienfuegos mientras investigaba a Juan Francisco Patrón Sánchez, narcotraficante conocido como el H2, y Daniel Isaac Silva Gárate, el H9, quienes operaban en el occidental estado mexicano de Nayarit.
«Él (Cienfuegos) fue acusado como un coconspirador después de haber sido identificado personalmente en las pruebas interceptadas que se desarrollaron en contra de Silva Gárate y Patrón Sánchez», sostiene el texto.
Las pruebas de la DEA afirman que en los mensajes de texto se identificaba a Cienfuegos como Padrino y Zepeda, su segundo apellido.
En la evidencia, también incluyen presuntas capturas de pantalla de «comunicaciones» de Cienfuegos sobre «unas reuniones de la DEA con sus homólogos mexicanos» acerca de investigaciones en contra de Patrón Sánchez.
«Las interceptaciones electrónicas del fuero federal revelaron también el papel que desempeñaba Cienfuegos Zepeda al restringir operativos militares en Nayarit con la finalidad de proteger las operaciones de Patrón Sánchez», asevera el funcionario del Departamento de Justicia.
Al desestimar los cargos, el Gobierno mexicano ha sostenido que un narcotraficante se hizo pasar por Cienfuegos en los mensajes y que la evidencia es meramente circunstancial.
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