(EFE).- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció ayer jueves que ha presentado una demanda contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) por su «excesiva» respuesta a las protestas que tuvieron lugar contra la brutalidad policial en mayo y junio tras la muerte a manos de las fuerzas del orden de George Floyd en Mineápolis.
«No hay duda de que el NYPD participó en un patrón de fuerza excesiva, brutal e ilegal contra manifestantes pacíficos», dijo James en un comunicado de prensa.
«En los últimos meses, el NYPD ha violado los derechos de los neoyorquinos repetida y descaradamente, ocasionando daños físicos y psicológicos significativos que han llevado a una enorme desconfianza en las fuerzas del orden», agregó la fiscal general, que subrayó que «nadie está por encima de la ley, ni siquiera los individuos que deben hacerla cumplir».
La demanda también está dirigida contra el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el comisario de la Policía de la ciudad, Dermot Shea, y su jefe de departamento, Terry Monahan.
En su denuncia, James cita decenas de ejemplos de supuesto abuso de poder, como la utilización «indiscriminada, injustificada y repetida» de porras, espray pimienta y bicicletas, y el uso de maniobras de acorralamiento, en las que los oficiales cercan a los ciudadanos y comienzan a detenerles.
Las protestas y la respuesta policial ya han llevado a la creación de leyes estatales que prohíben tácticas agresivas y que hacen que los archivos policiales sean más transparentes, mientras que el concejo municipal de Nueva York desvió cerca de 1.000 millones de dólares del presupuesto del NYPD a otros departamentos.
El pasado mes de julio, James publicó un informe que apuntaba a que las protestas habían afectado la confianza del público en las fuerzas policiales de la ciudad, y recomendó que un panel independiente, y no el alcalde de la ciudad, sea el que nombre al comisario del cuerpo y maneje los asuntos de disciplina de los agentes.
A través de esta demanda, la fiscal general pretende ahora que se dicte un requerimiento que incluya reformas implementadas por una unidad independiente.
El NYPD ya está siendo monitorizado por el gobierno federal tras una denuncia presentada contra el departamento en 2013 por la práctica del «stop and frisk», una polémica táctica por la que agentes paran y cachean a personas en las calles y que afectó de forma desproporcionada a latinos y afroamericanos.
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