Conforme a datos de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), entre junio de 2019 y diciembre de 2020, ingresaron a tramitación 8,304 nuevos recursos; no obstante, en ese mismo periodo el máximo organismo del Poder Judicial falló 11,637 casos.
La información fue ofrecida por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, quien indicó que la incorporación de la firma electrónica hizo posible la realización de 47,863 trámites y certificaciones entre los meses de abril y noviembre.
También, recordó que se han actualizado los Boletines Judiciales correspondientes al período 2017-2020, sumado a la publicación en el portal institucional de 110 boletines que recopilan sentencias pronunciadas por la SCJ entre 1910 y el año pasado.
“Es posible un Poder Judicial independiente, fuerte y diligente, respetado y cercano, confiable y seguro de que su labor se sustenta en los lineamientos éticos establecidos en su sistema de integridad y transparencia. En esa dirección hemos trabajado y continuaremos sin descanso hasta asegurar ese propósito”, sostuvo.
Respecto al Registro Inmobiliario, el juez presidente explicó que se ha puesto en marcha medidas administrativas y nuevos servicios que son pasos de crecimiento para el país y un soporte para los sectores productivos.
“La República Dominicana se encamina a lograr un sistema de registro inmobiliario a la altura de las demandas internacionales y locales: un conjunto de servicios sustentados en una estructura ágil, transparente, moderna, digital, autosostenible y accesible para todos los usuarios y usuarias del sistema”, dijo.
Sobre la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), el juez presidente argumentó que esta ha jugado un rol preponderante en el acompañamiento, capacitación y soporte a los procesos, logrando así posibilitar que cada día más personas puedan tener acceso a la opción de la asistencia tecnológica con programas abiertos de capacitación.
La audiencia solemne se realizó en el marco de las recomendaciones y disposiciones adoptadas por el Gabinete de Salud y las medidas preventivas amparadas en el artículo 4 del Decreto 740-20 del Poder Ejecutivo.
Por motivos de prevención, se dispuso limitar al mínimo la presencia de personas dentro de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
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