Quito, EFE.- El movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana (Lista 5) consideró que la reciente orden de captura emitida por la Justicia de Ecuador contra el expresidente Rafael Correa es reflejo de una «persecución política» de la que supuestamente es objeto.
En un comunicado el movimiento valoró que la sentencia contra Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros exfuncionarios de su gobierno, «evidencia una vez más, que nos encontramos ante un caso de persecución política y de criminalización».
Censura que la acción judicial contra Correa supone además, «un indisimulado intento de evitar su candidatura como vicepresidente acompañando en el binomio electoral a Andrés Arauz».
Y recuerda que en dos ocasiones Interpol ha desatendido solicitudes de Alerta Roja para la detención de Correa y otros exfuncionarios, «ante la falta de una base jurídica de un proceso plagado de irregularidades».
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó el miércoles la localización y captura del expresidente, condenado a ocho años de prisión e inhabilitación política por cohecho en el caso conocido como «Sobornos 2012-2016».
El juez Iván León, tras ratificar que el proceso se encuentra «ejecutoriado» o «en firme», dispuso ese mismo día que se cursaran los oficios respectivos a las autoridades policiales par la «inmediata localización y captura» de los sentenciados.
Al respecto, el movimiento correísta insiste en que la ejecutoria de la sentencia se produjo «con una rapidez inusitada», apenas 24 horas después de que Arauz y Correa inscribieran su candidatura para las elecciones presidenciales de febrero próximo.
«De ninguna forma esto puede ser considerado una coincidencia fortuita, sino que responde al patrón seguido durante todo este caso de acelerar los plazos lo máximo posible para, en última instancia, impedir la concurrencia de Correa a los comicios», reza el texto.
Al emitir la orden, el juez instruyó a que se remitiera un oficio al órgano electoral, ya que la condena dispone «la pérdida de los derechos de participación de todos los condenados, por un tiempo igual al de la pena».
El pasado día 7, un Tribunal de Casación rechazó el recursos de interpuesto por Correa y otros imputados, por lo que ratificó, en última instancia, la condena a ocho años de prisión.
El caso investigó una red de corrupción mediante la cual se recibieron «aportes indebidos» en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento político oficialista Alianza País a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas Odebrecht.
El comunicado de RC vuele a insistir en el argumento de que el proceso estuvo plagado de «inconsistencias» legales, y que se trató de «un proceso judicial que no ha garantizado el derecho al debido proceso que tiene cualquier acusado, por lo que debería ser decretado nulo de pleno derecho».
«Las irregularidades, incluso manifiestas ilegalidades, surgieron desde un primer momento, con el nombramiento de jueces temporales o encargados, algo que vulnera la propia Constitución», indica la misiva, en la que el movimiento muestra su «convencimiento» de que «la persecución política disfrazada de proceso judicial continuará».
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