Pese a las múltiples denuncias de la comunidad internacional, los regímenes de Cuba y Venezuela continúan fortaleciendo sus lazos. En las últimas horas La Habana confirmó que antes del mes de diciembre llegarán a Caracas mil médicos cubanos. Ante este anuncio, el gobierno de Juan Guaidó denunció que en verdad se trata de “inteligencia disfrazada”.
“Más inteligencia cubana disfrazada entre ‘médicos’ y con ello más saqueo de petróleo venezolano a Cuba. Maduro sabe que no controla el país ante la crisis social y que su fraude no resuelve la crisis”, señaló en su cuenta de Twitter este domingo Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos.
“La comunidad internacional debe actuar bajo R2P como solicitó” el presidente Guaidó, agregó.
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El tuit de Carlos Vecchio
Esta denuncia de Vecchio se produce luego de que Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de la dictadura cubana en Venezuela, informara que antes de diciembre llegarán al país mil presuntos médicos cubanos.
El funcionarios castrista realizó ese anuncio en medio de una llegada de 150 “médicos” cubanos a Caracas.
En las últimas semanas arribaron a Venezuela 376 supuestos galenos, completando un total de mil cubanos. A estos se sumarán otros mil antes de fin de año, de acuerdo a lo anticipado por Rodríguez Barrera.
“Un mensaje importante con esta llegada es que la voluntad del gobierno de Venezuela y de Cuba de seguir fortaleciendo nuestros lazos de hermandad y solidaridad es infinita”, apuntó.
Desde marzo los médicos cubanos en esa nación trabajan para contener la pandemia, centrados en la promoción de salud, el pesquisaje a la población, el tratamiento a casos positivos a la COVID-19 y la atención a pacientes convalecientes de la enfermedad, según lo indicado por Caracas y La Habana.
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Más de 22.000 médicos cubanos se encuentran en Venezuela (REUTERS/Stringer)
Según el balance de las autoridades venezolanas, el país cuenta ya con más de 22.000 médicos cubanos para atender a las víctimas del coronavirus.
La exportación de servicios sanitarios constituye la mayor fuente de ingresos de Cuba. En 2018, último año de estadísticas oficiales, Cuba obtuvo $6,4 mil millones por la exportación de servicios de salud humana y de atención social, así como alrededor de $990 millones en servicios de apoyo para las llamadas “misiones internacionalistas.” Dichos ingresos se obtienen mediante la contratación de personal médico a más de setenta países por parte del Estado cubano, que confisca hasta el 90% de sus salarios y comete otras violaciones graves y sistemáticas a sus derechos, incluyendo la separación forzosa de sus seres queridos.
Desde marzo pasado, el gobierno cubano ha aprovechado la pandemia del COVID-19 para enviar a cerca de 3.000 trabajadores en “brigadas de emergencia” a más de 40 naciones.
Aparte de las millonarias remuneraciones que le suponen, le ha servido para lanzar una gran campaña propagandística mundial que proclama a su explotador negocio como “gesta humanitaria” de “ayuda solidaria.” El gobierno cubano incluso ha movilizado a su cuerpo diplomático y sus vastas redes internacionales en una cruzada para nominar a las brigadas médicas cubanas para el premio Nobel de la Paz.
Pese a estos intentos de la dictadura cubana, en los últimos meses han aumentado las denuncias contra La Habana por las precarias condiciones de trabajo de los galenos, e incluso en algunos casos -como el venezolano- se dijo que se trata de delegaciones integradas por agentes de inteligencia infiltrados.
El pasado mes de julio, Human Rights Watch (HRW) denunció las “normas dacronianas” impuestas por el Gobierno cubano al personal sanitario que envía en misiones médicas al exterior, incluidos los profesionales de la salud que han viajado a otros países para ayudar a combatir la pandemia de coronavirus, instando a los gobiernos de los países de acogida a garantizar el respeto a los Derechos Humanos de estos cooperantes.
“Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de COVID-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas”, expresó el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, en un comunicado.
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