El juicio político (moción de vacancia) contra el presidente de Perú, Martín Vizcarra, sigue su curso y se llevará a cabo el viernes en el pleno del Congreso, después de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazara el pedido hecho por el Ejecutivo para paralizar el proceso.
Los magistrados de esta instancia, sobre la que no cabe apelación, resolvieron rechazar el recurso gubernamental al considerar que la amenaza de la destitución está «diluida» y por tanto no existe la «urgencia» para bloquear un proceso parlamentario en marcha.
Aún no se sabe si el mandatario acudirá en persona al Congreso, ya que no está obligado a hacerlo, si bien sí se supo que estará representado por el abogado Roberto Pereira.
Un grupo de congresistas acusa al gobernante de «incapacidad moral» y pide su destitución por supuestamente haber ocultado o mentido sobre su participación en la contratación irregular del cantante Richard Swing en el ministerio de Cultura.
NO ADVIERTEN PELIGRO
La presidenta del TC, Marianella Ledesma, explicó a RPP Noticias que la medida fue rechazada por cinco votos en contra y dos a favor debido a las declaraciones, en las últimas horas, de diferentes líderes políticos de la oposición en rechazo a una eventual destitución de Vizcarra.
«No hemos encontrado el tema de urgencia, porque los propios voceros de las bancadas en el Congreso han anunciado que no va a haber vacancia (destitución)», agregó Ledesma.
Por lo tanto, «el peligro (de una destitución) se ha diluido, por ahora no advertimos peligro», insistió.
Ledesma indicó que ahora «el Congreso puede ejercer sus atribuciones», siguiendo con el debate de la destitución, y que el TC estará atento a este «conflicto», luego del cual tomarán «la decisión final sobre esta causal de incapacidad moral».
ADMITE CAUSA
Sin embargo, el TC sí admitió a trámite la demanda competencial presentada por el procurador del ministerio de Justicia Luis Huerta para aclarar si el Congreso puede destituir al jefe de Estado bajo el argumento de «incapacidad moral».
Este es el tema de fondo sobre el cual el Ejecutivo solicitó suspender el proceso de destitución, para que no continúe el trámite hasta que se expida el alto tribunal.
Según el Gobierno, la «incapacidad moral» como motivo de destitución es un concepto tan amplio que permite un control desproporcionado del Gobierno por parte del Congreso, bajo el cual se podría destituir a cualquier presidente, por cualquier motivo, siempre que se reúnan los votos necesarios.
Esta crítica es compartida por varios expertos constitucionales peruanos, quienes señalan que el concepto de «incapacidad moral», originado en el siglo XIX, se refería originalmente a problemas mentales o psicológicos, ha sido utilizado en Perú para juzgar cuestiones políticas.
SUBIR NÚMERO DE VOTOS PARA UNA DESTITUCIÓN
Ledesma explicó que una opción que están valorando los jueces para este tema es que para aprobar una destitución sea necesario el voto calificado de 104 legisladores, a diferencia de los 87 votos requeridos en la actualidad.
«Considero que en la lógica del equilibrio de poder, en el último año de Gobierno (como el de Vizcarra), los procesos de vacancia para justificar incapacidad moral deben tener mayor intensidad en la votación», dijo la magistrada.
En tal sentido, dijo que argumentará en el debate de esta demanda que un pedido de destitución presidencial no deba ser aprobado con 87 votos, «sino en el último año de Gobierno debería ir a los 104 votos, que es una votación calificada».
Ledesma explicó que la demanda competencial les tomará aproximadamente dos meses para su resolución, después de recibir las opiniones del Congreso y de la procuraduría pública.
BAJA LA TENSIÓN
Aparentemente, los magistrados del TC basaron su decisión de no suspender el pleno del viernes en las declaraciones de líderes políticos como el fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quien opinó a favor de que Vizcarra acuda a responder ante el Legislativo, pero que sería «absolutamente innecesaria e impertinente forzar una vacancia presidencial» porque agravaría la crisis política y económica en el país.
La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, compartió un pronunciamiento para afirmar que «no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar al presidente».
Por su parte, el vocero alterno del partido Acción Popular, Ricardo Burga, declaró este jueves que no han decidido la votación.
«Queremos escuchar al presidente de la República, queremos escuchar sus descargos y posteriormente tomaremos una decisión», dijo.
«Lo que sí digo es que Acción Popular no es un partido golpista, nunca lo ha sido. Por el contrario, siempre ha luchado contra todas las dictaduras desde el primer día de su fundación», expresó Burga a la prensa.
El partido de Burga, en el que también milita el titular del Parlamento, Manuel Merino, ha sido señalado por Vizcarra como uno de los que ha estado detrás de una aparente conspiración en su contra, al punto de haber contactado a las fuerzas armadas y a uno de sus ministros para tantear su posición ante un cambio de presidente.
En ese sentido, Burga descartó que las personas que se contactaron con el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, tengan alguna relación con los dirigentes del partido y se quejó de que «hay una posición de acusar a Acción Popular de todo».
Fuente: EFE
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