El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, recomendó este martes no tocar los fondos de pensiones acumulados por los trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
A través de un comunicado, Vargas favoreció la búsqueda de una solución en la que estén implicados trabajadores, el Estado y los empresarios, al tiempo que aconsejó a los congresistas «un alto sentido de Estado y de consciencia de los momentos que estamos viviendo» debido a la situación derivada del coronavirus.
El dirigente político sostuvo que el «estado de bienestar está costando mucho esfuerzo» y que «no lo podemos afectar con propuestas cortoplacistas, por lo que se requiere de grandes soluciones, consensos y compromisos».
Para Vargas, los trabajadores «no pueden ni deben financiar el costo económico de la pandemia» y que se deben evitar iniciativas improvisadas que, en su opinión, «puedan afectar el desenvolvimiento de nuestra economía, y que no enfrentan de manera sostenida las verdaderas necesidades de la población dominicana».
La propuesta de un grupo de legisladores para que los trabajadores puedan retirar hasta el 30 % de los fondos de pensiones «puede suponer que el remedio planteado sea peor que la enfermedad por su impacto de manera significativa en la estabilidad económica de nuestro país, cuando la prioridad es la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de los dominicanos».
«Busquemos soluciones para el 100 % de los dominicanos y no solo para el 26.5 %, ya que para enfrentar la presente crisis se requiere de los aportes del Estado y de las empresas, y no solo recaer sobre los hombros y espaldas de menos del 30 % de nuestra fuerza laboral, que es la que cotiza en los fondos de pensiones», subrayó.
Los fondos de pensiones, según el presidente del PRD, «no son fondos de emergencias, y solo están destinados exclusivamente a financiar pensiones dignas a los trabajadores».
El planteamiento del canciller dominicano va en la misma línea del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien ayer expresó su oposición a la iniciativa «por las consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico».
Valdez Albizu consideró «desafortunada e improcedente» esta propuesta legislativa, puesto que habría que disponer de más de 173,000 millones de pesos para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64 % respecto al nivel actual, según explicó en una nota. EFE
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