El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso este miércoles, que los jueces del país suspendan las audiencias entre el 19 de marzo y el 13 de abril, junto a otras medidas para contribuir a prevenir el contagio masivo del COVID-19.
Según informó la institución en un comunicado, los procesos penales iniciados, tanto en la jurisdicción ordinaria como lo relativo a Niños, Niñas y Adolescentes, los magistrados «tomarán las acciones pertinentes para garantizar los principios de inmediación y de interés superior de los menores».
Así se establece en el Código Procesal Penal y en el Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana.
Se mantendrán en funcionamiento las oficinas de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la Jurisdicción Penal, así como en los casos de urgencia tendentes a la protección de derechos fundamentales, apunta la nota.
Se mantendrá la recepción de documentos en los tribunales y los órganos administrativos con el personal mínimo requerido para la prestación del servicio, en virtud de las disposiciones legales vigentes.
En cuanto a la Jurisdicción Inmobiliaria, se mantiene en los órganos administrativos la recepción de trámites y entregas de productos con el personal mínimo requerido, mientras que la Escuela Nacional de la Judicatura mantendrá toda su agenda de capacitación por la vía virtual.
El consejo también aprobó un conjunto de medidas administrativas y de personal para garantizar la protección de los servidores judiciales, entre ellas, que permanezcan en sus casas mientras se mantenga el estado de alerta las personas mayores de 60 años o con alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y respiratorias e inmonudepresivas, así como las embarazadas y lactantes.
La Procuraduría General de la República (PGR) también aplicará medidas temporales de prevención para frenar el contagio del coronavirus en el país, garantizando el servicio a los ciudadanos.
Los titulares de las procuradurías regionales, fiscalías ordinarias y comunitarias, unidades de atención integral a la violencia de género y centros de atención al ciudadano «recibieron instrucciones para establecer un régimen de trabajo que garantice la mínima circulación de personas dentro de esos espacios físicos».
En ese orden, se aplicará la alternabilidad del personal en un 50 % por semana, según los horarios particulares de cada dependencia y fomentando el trabajo remoto en los casos que lo permitan.
Mientras, las unidades de atención integral a la violencia de género contarán con un personal operativo en régimen presencial para atender de forma ininterrumpida a las víctimas en formato presencial rotativo, y se facilitará la atención, orientación y asistencia telefónica al ciudadano en todo el horario laboral habitual.
Además, se instruyó a garantizar que la línea vida 1-809-200-1202 dé respuesta efectiva las 24 horas, los 7 días de la semana, y coordinará con las unidades y fiscalías las acciones necesarias.
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