Rafael Paulino explicó que la razón original del permiso, aprobado en 2016, fue por “razones tácticas” para que un barco cisterna de gas supliera la refinería de Puerto Viejo de Azua, pero luego de cumplir su labor, la embarcación permaneció operando en el lugar, abasteciendo a otros barcos.
“La bahía se nos está contaminando, el trasbordo de gas ya no se está haciendo prácticamente para nosotros, sino que es un negocio para una compañía internacional para las demás islas”, declaró.
Este permiso está directamente rompiendo con el Plan de Manejo del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó, que prohíbe el tráfico y anclaje de embarcaciones de gran calado en la zona marina del parque en la Bahía de Ocoa.
“Cuando nosotros evaluamos la situación, nos percatamos que ese permiso fue emitido irregularmente. ¿Por qué fue emitido irregularmente? Porque la Bahía de Ocoa se encuentra dentro de un área protegida”, expresó Jaime Rodríguez, uno de los abogados encargado del caso.
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