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El juez titular del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón Arístides Madera Arias, afirmó que el “descuido, la irresponsabilidad, la terquedad, la falta de prudencia, el incumplimiento de la ley y la poca transparencia” en las actuaciones del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) fue la causa generadora de una turbación manifiestamente ilícita en el certamen electoral interno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), celebrado el pasado domingo 6 de octubre.
Madera Arias hace estas afirmaciones en el voto disidente en contra de la decisión de la mayoría del pleno de jueces de la corte jurisdiccional que rechazó la “Demanda en referimiento de extrema urgencia” interpuesta por el expresidente Leonel Fernández en procura de evitar que la JCE oficializara los resultados y declarara ganador de las primarias abiertas al precandidato presidencial Gonzalo Castillo.
El juez dice que su disidencia “está fundamentada en que contrario a lo que consideran sus queridos y respetados compañeros y colegas, él considera que ciertamente, existen muchos daños y que son irreparables”.
Con respecto al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, el magistrado Madera Arias opina que “sus actuaciones fueron poco transparentes e irresponsables y que provocaron que todos los sectores salieran perdiendo”.
“Por lo tanto, existen daños irreparables con motivo de la poca transparencia, falta de equilibrio y de ecuanimidad de parte del presidente de la JCE, que pudieron evitarse, si el organismo hubiese cumplido con su obligación legal y moral frente al país”, señaló el juez del TSE.
Según Madera Arias, la JCE no cumplió con el derecho democrático de los partidos políticos que participaron en las primarias, consistente en su solicitud de que se realizara una auditoría técnica forense, a través de una compañía acreditada y de prestigio internacional, experticia que se comprometió realizar, pero no lo hizo.
El magistrado dice que “la JCE tampoco cumplió con su obligación legal y moral de hacer el conteo manual del cien por ciento (100%) de los votos físicos emitidos en el nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, en cumplimiento de lo que se dispone en el artículo 51 de la Ley No.33-18 Sobre Partidos Políticos”.
Asimismo, afirma que “la JCE no hizo la auditoría de los software y de los códigos fuentes, tal y como se había aprobado en fecha 31 de enero del 2019 y pese a que el pleno ordenó la contratación de firma auditora de prestigio internacional en fecha 22 de febrero del año 2019, según consta en el Acta No.07/2019 de la sesión administrativa ordinaria celebrada en esa fecha”.
“¿Por qué la Junta Central Electoral no atendió la solicitud o requerimiento de la organización cívica “Participación Ciudadana”, la cual con mucha anticipación les solicitó que realice una auditoría al software y a los equipos tecnológicos que iban a ser utilizados en el nuevo sistema de voto automatizado?”, se pregunta Madera Arias.
“No es nuestra intención afectar intereses particulares ni grupales, ni ofender a nadie, sólo nos mueve el deseo de que todas las cosas se hagan de manera correcta, sin importar las consecuencias, porque hay que colocar los intereses nacionales por encima de los individuales”, finalizó el magistrado Madera Arias.
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