Al atardecer un gigantesco incendio afectaba edificios en el centro de la ciudad, donde su ubican locales comerciales de comida rápida, venta de ropa y oficinas de consultas médicas. A metros hay altos edificios de departamentos residenciales. Un hotel aledaño debió ser evacuado.
Densas columnas de humo cubrían la ciudad.
"Chile cambió y el gobierno tiene que cambiar", dijo al mediodía Piñera al juramentar a ocho nuevos ministros, algunos provenientes de otras carteras, el mismo día que el país espera la llegada de una misión de Naciones Unidas para investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos tras varios días de protestas que han dejado al menos 20 fallecidos, más de un millar de heridos y miles de detenidos.
El gabinete presidencial está integrado por 24 ministros. Piñera decidió cambiar a los ocho titulares de las principales carteras del gobierno, como Seguridad Pública y Hacienda, dos áreas duramente criticadas en los últimos días.
Los nuevos titulares de Hacienda y Seguridad Pública son militantes del partido Evolución Política (EVOPOL), que integra la actual coalición en el gobierno y son vistos más accesibles y abiertos al diálogo.
El nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que "no sólo cambian las personas que están, sino también las prioridades, que se enfocan en una dirección alineada con lo que la gente nos está planteando".
El anterior ministro de Hacienda, Felipe Larraín, admitió el lunes que "no supimos interpretar bien lo que estaba pasando".
El senador de oposición Ricardo Lagos Weber valoró el cambio de gabinete, aunque dijo que hay que esperar los resultados.
El diputado comunista Guillermo Teillier afirmó que la modificación del gabinete "fue impuesto por la gente", y está por verse "si va a significar medidas de fondo".
Mientras juraba el nuevo gabinete en las cercanías del palacio de gobierno, miles de manifestantes protestaban a pesar de la represión policial.
Por la tarde, miles más colmaron nuevamente una céntrica plaza de la capital chilena, donde el viernes se congregaron 1,2 millones de personas y centenares más trataban de acercarse a la sede del Ejecutivo. Grupos de encapuchados saquearon comercios y levantaron barricadas encendidas en el lugar y frente a la Biblioteca Nacional.
La multitud interrumpió el tránsito por la principal avenida santiaguina, por lo que fueron cerradas las estaciones del metro de la zona, dificultando aún más el regreso a casa de los santiaguinos que enfrentan demoras de dos a tres horas por el funcionamiento parcial del subterráneo, que antes de sufrir la destrucción de más de la mitad de sus terminales movilizaba a 2,4 millones de personas.
Los incidentes se repetían en ciudades del interior.
Las protestas en Chile fueron detonadas por un incremento a la tarifa en el subterráneo.
Ahora, el abanico de exigencias va desde mejores pensiones, salud y educación, rebajas en servicios públicos, medicamentos, más viviendas sociales, una nueva Constitución, ciclovías e impuestos al patrimonio.
Piñera ha tratado, sin éxito, de frenar las protestas con anuncios de reducciones en precios de luz y medicamentos, pequeños incrementos a pensiones de los más pobres y al salario mínimo, alza en impuestos a los que ganan más de 11.000 dólares, y con un proyecto de rebajas a los salarios y asignaciones a los parlamentarios, que oscilan entre 27.000 y 44.000 dólares mensuales.
También se multiplican las voces que exigen investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos desde la vigencia del estado de emergencia en el país, que fue levantado el lunes tras 10 días de vigencia.
Piñera dijo que investigarán si ha habido abusos. "No tenemos nada que ocultar", aseguró.
El lunes se espera la llegada a Chile de una misión enviada por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la también expresidenta chilena Michelle Bachelet, que investigará hasta el 2 de noviembre las denuncias de violaciones a los derechos básicos.
Pilar San Martín, investigadora de Manejo de Crisis de Amnistía Internacional, que también envió un equipo de Chile, afirmó que "la situación es grave". Precisó que su grupo ha trabajado antes en crisis como las de Nicaragua y Venezuela.
Paolo Mefalopulos, representante en Chile de la agencia de la ONU para la infancia (UNICEF), aseguró la víspera que han recibido denuncias de violaciones a los derechos de niños y niñas, y que 318 menores han sido detenidos durante la vigencia del estado de sitio, que fue levantado el lunes.
El doctor Patricio Meza, vicepresidente del Colegio Médico de Chile, denunció el lunes que en los últimos 10 días han recibido más 130 pacientes, de los cuales al menos un tercio llegaron sin visión en un ojo, resultado de heridas con perdigones.
Sergio Micco, director del autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que 3.243 personas han sido detenidas, 1.132 heridas, de las cuales 238 han sido por arma de fuego. Añadió que ha presentado 101 acciones judiciales.
La analista Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, dijo a la AP que tras los anuncios de pequeñas mejoras sociales y el cambio de gabinete que realizó el lunes, el mandatario "tiene todas las maniobras posibles porque lo que suceda de aquí en adelante dependerá de él. Tiene que cambiar su discurso, hacer cosas distintas".
"Tiene que dejar que sus dos (nuevos) ministros moderados entiendan lo que pasa y logren conducir. En este momento falta conducción política" añadió. Declaró que observa "una debilidad brutal del Estado en el control del orden público y en la inteligencia que se requiere para... desbaratar los grupos violentistas que están tratando de producir violencia, caos y sensación de inseguridad".
"El gobierno tiene la palabra y tiene la pelota de su lado, y depende como la juegue; (veremos) cuáles son los resultados que vamos a tener", concluyó.
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