La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), calificó como un reto robustecer los mecanismos de protección a ese segmento poblacional y recordó que la vigilancia para el cumplimiento de sus derechos debe asumirse como una responsabilidad no solo del Ministerio Público, sino de todo el liderazgo institucional y social, incluidos los medios de comunicación.
Desde el ámbito del Ministerio Público, los planes de mejora incluyen fortalecer los equipos de trabajo en las diferentes esferas de la protección legal deMi los menores de edad, dotar de espacios adecuados a fiscales, especialistas y servidores, contratar personal altamente calificado para el abordaje de las principales problemáticas que aquejan al sector y, por supuesto, la gestión de un presupuesto que permita alcanzar estas metas, explicó Diná Llaverías.
“El Ministerio Público trabaja arduamente para resolver y dar respuestas a los casos activos, en agenda y lo que puedan surgir, pero es obvio que en estas situaciones complejas el trabajo en equipo es fundamental, como lo es que cada actor cumpla su rol para la prevención y la persecución de los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes”, dijo.
La titular de la Dinnaf explicó que esa dependencia de la Procuraduría General de la República trabaja en estrecha coordinación con el Servicio Nacional de Salud, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), con las fiscalías ordinarias y con otras instituciones del Estado dominicano, a fin de garantizar la integridad de menores de edad en las acciones de rescate o persecución para delitos que los involucran.
Llamó la atención de que también en esta labor resulta fundamental el involucramiento y la colaboración de los medios de comunicación, de modo que al contribuir con la difusión y denuncia de los crímenes y delitos se evite revictimizar a los afectados o exponerlos a nuevas situaciones de peligro.
“Cuando los medios noticiosos informan los hechos y los procesos judiciales tomando en cuenta la protección de las víctimas y los lineamientos legales contribuyen a nuestra misión de hacer cumplir la ley y proteger a los menores edad”, expuso.
Llaverías se refirió al tema al recordar que muchas personas ponen a circular en las redes sociales o en servicios de mensajería digital imágenes de menores de edad en situación vulnerable, que luego son reproducidas por medios de comunicación formales.
“Es preciso recordar que la Ley 136-03, que rige los derechos de los niños, niñas y adolescentes, indica que su protección implica no caer en especificidades de los casos y mucho menos exponer nombres e imágenes de las víctimas o victimarios menores de edad y tampoco de relacionados que permitan identificarlos por deducción”, agregó.
Uno de los principales enfoques de trabajo para la protección gira en torno a la erradicación del matrimonio infantil para colocar al país en sintonía con los acuerdos internacionales de los que es signatario. “En la actualidad es objeto de discusión y análisis entre expertos el tema de la revisión de la legislación que permite en nuestro país el matrimonio con menores de edad por medio de la autorización de los padres y tutores y, en último caso, de un juez”, resaltó.
En cambio, entre las principales causas de persecución penal a este grupo etario se destacan las violaciones a la Ley de Drogas, el robo agravado y las agresiones físicas. En este caso, Diná Llaverías entiende que las sanciones de corrección prolongada a menores en conflicto con la ley penal no contribuyen con su rehabilitación.
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